Propone Diputada María Moreno Higuera mayores atribuciones a las secretarias y dependencias en materia de Derechos Humanos
Con el propósito de reforzar la estructura organizacional de la administración pública estatal para, establecer una dirección, coordinación o área administrativa, dependiente directamente de la Secretaría General de Gobierno en aras de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
“La realidad social que paulatinamente experimentamos de momento en momento los sudcalifornianos, inspira para que cada servidora y servidor público, autoridad competente o responsable de desarrollar alguna tarea o función pública, lo haga de la mejor manera posible”, sentenció a la legisladora
Por lo que, en la búsqueda de proponer posibles soluciones a la situación que prevalece en la sociedad sudcaliforniana, es que se plantea la medida legislativa, en comento tendiente a generar alternativas para la promoción, fomento y garantía de los derechos humanos en BCS a través de la administración pública estatal.
Moreno Higuera puntualizó que tanto la investigación como la defensa, seguirá sustanciándose en el órgano constitucional competente del Estado Sudcaliforniano, por lo que, en cuanto a los programas de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en Baja California Sur, estos, se propone que a partir de la vigencia de la presente reforma y adiciones, deberán llevarse a cabo, coordinada y colaborativamente, entre el área de la administración pública estatal y el órgano garante, sin que necesariamente signifique la invasión de competencias entre uno y otro, ni mucho menos la duplicidad de funciones, dado que, como ya se referio, el tercer párrafo del artículo primero constitucional, dispone que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios rectores.”
