Ayuntamiento de La Paz presenta denuncia por actos de sabotaje contra infraestructura hidráulica
La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de La Paz, Amor Fenech Montaño informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes por los diversos actos de sabotaje y vandalismo registrados en infraestructura municipal durante las últimas semanas, los cuales han afectado la prestación de servicios públicos y perjuicios económicos superiores a los 350 mil pesos.
En conferencia de prensa, la edil paceña explicó que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, con folio LPZ/4702/2026/NUC, entregando fotografías, videos de vigilancia y evidencia documental para solicitar la investigación e identificación de los responsables por los perjuicios ocasionados a los pozos La Ardilla 1 y La Ardilla 2, los cuales ascienden a 200 mil pesos.
Al respecto, Fenech Montaño hizo un llamado a evitar este tipo de acciones: “Les pedimos que dejemos a un lado cualquier interés personal o de otra índole que afecte los servicios y el bienestar de la comunidad, porque a nosotros nos tocará reparar, nos tocará hacer la inversión, tener al equipo ahí trabajando, pero el impacto directo de estas acciones no es para nosotros, es para toda la ciudadanía”.
En el mismo sentido, el contralor municipal, Pavel Castro Ríos, dio a conocer que en las últimas semanas se han registrado otros actos de vandalismo y sabotaje contra bienes municipales, entre ellos el robo de cableado y daños a los bebederos del Centro Deportivo Municipal “El Piojillo”, con afectaciones cercanas a 150 mil pesos; además de dos incendios provocados en el relleno sanitario, así como afectaciones a un pozo ubicado sobre el bulevar Virginia Peralta y el reciente ataque a los pozos La Ardilla.
Agregó que, de acuerdo con el Código Penal de Baja California Sur, al no existir sustracción de bienes en el caso de los pozos, los hechos podrían configurar el delito de sabotaje; además, los daños a infraestructura pública constituyen un agravante del delito de daño en propiedad, cuyas sanciones pueden alcanzar hasta cinco años de prisión.
Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer estos hechos y, de manera paralela, seguirá realizando las reparaciones necesarias para restablecer los servicios públicos en el menor tiempo posible y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.
