Que se investiguen y juzguen feminicidios con perspectiva de género:diputadas Teresita Valentín y Gabriela Cisneros
“En Baja California Sur estamos trabajando, impulsando los criterios necesarios para que este calvario que usted ha vivido como madre de una víctima de feminicidio no lo viva una mujer más, no lo vivan las familias, que no queden impunes los feminicidios, ni padecer procesos de tanto años”, dijeron las diputadas Gabriela Cisneros y Teresita Valentín a la activista Irinea Buendía, quien estuvo en el Congreso de Baja California Sur para atestiguar la presentación de la iniciativa para que quede establecido en el Código Penal que en Baja California Sur, los feminicidios se investiguen y juzguen con perspectiva de género, sancionar las omisiones de los servidores públicos obligados y reparar el daño causado.
Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, inició una lucha a raíz del feminicidio de su hija, clasificado originalmente por las autoridades como suicidio, en junio del 2010. Tras su lucha y diversos recursos jurídicos, logró no sólo que se reabriera el caso, sino que se investigara y se detuviera al responsable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el 25 de marzo del 2015, una sentencia histórica que instruye que todas las muertes violentas de mujeres y niñas, como feminicidios, sean investigadas con perspectiva de género, pero hay múltiples denuncias de que esto no sucede en los Estados y se desconoce la sentencia de la SCJN, por lo que realiza una caravana por el país, promoviendo la difusión de la sentencia y una iniciativa de reforma a leyes locales y en la Cámara de Diputados para que se establezcan los procedimientos y protocolos en esos delitos, así como para que se sancione a funcionarios públicos que no cumplan con esta disposición.
Buendía Cortez estuvo en el Congreso de Baja California Sur, acompañando a las diputadas Valentín y Cisneros, donde evidenció que familiares no son
atendidas por las autoridades de impartición de justicia; son catalogadas de liosas y quejosas y exigió justicia para todas las muertes violentas, “Porque si todas esas muertes de mujeres de todas las edades se dejan en impunidad, por corrupción, por simulación, por la indiferencia, la indolencia de quienes la hemos sufrido y no hemos sido creídas, ¿qué es lo que vamos a tener?, que las cifras han aumentado”, sentenció.
Durante la sesión ordinaria, las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros Ruíz, presentaron la iniciativa para adicionar el artículo 282 del Código Penal para establecer que “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo, que incurran en alguno de los supuestos de las fracciones anteriores por razones de género, o que lo realicen en ejercicio de las funciones o medios propios de su encargo y tengan un beneficio, provecho económico o de otra índole, se les impondrá de tres a siete años de prisión”.
También para adicionar un segundo párrafo al artículo 311 del mismo, para que quede establecido que “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo, que incurran en alguno de los supuestos de las fracciones anteriores por razones de género o que, por la realización del supuesto, tengan un beneficio, provecho económico o de otra índole, se les impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de doscientos a quinientos días”.
Así como para adicionar los artículos 30 y 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, para que además de otorgar órdenes de protección a favor de las mujeres, se adhiera que se incluyan a familiares. “Promover las órdenes de protección que correspondan a favor de las mujeres, víctimas y quien tenga carácter de ofendido.
Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, las referencias necesarias para dar cumplimiento a las fracciones VII y IX, y aplicar la perspectiva de género de manera transversal en sus actividades, y V. Impulsar la capacitación del personal en general en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.
